La Defensoría del Niño estudia realizar denuncia por el caso de la niña mbya embarazada

Por Griselda Acuña
interior@elterritorio.com.ar

La situación sorprende a agentes sanitarios y a las propias autoridades porque, según manifestaron, hace tiempo no se registraba un caso de estas características. Una nena mbya de 12 años está embarazada y, teniendo en cuenta su corta edad, constituye una gestación de riesgo. El tema es mucho más complejo dado que su estado da cuenta de una situación de abuso, de acuerdo a lo que establece el Código Penal: la ley protege la vulnerabilidad de los menores de 13 años aún cuando no se haya ejercido violencia física o intimidación.

La niña en cuestión pertenece a la comunidad guaraní Y Haka Miri, del municipio de Santa María (departamento Concepción). En los últimos días fue asistida en el Hospital Materno de Posadas, en tanto que el seguimiento recaerá en los profesionales del hospital de área de Concepción de la Sierra, que es el más cercano a la aldea.

Los estudios ginecológicos confirmaron que está embarazada de tres meses, y de acuerdo a lo relevado por los agentes sanitarios que hicieron la primera pesquisa, resulta de una relación consentida y avalada por sus padres con un muchacho de 16 años, que cursa la escuela secundaria en la localidad de El Soberbio.
“Se le acompaña como todo embarazo de riesgo, se le harán todos los controles. La edad es uno de los factores que incide”, dijo a El Territorio, Adrián Saldías, titular del Programa Salud Aborigen del Ministerio de Salud Pública, a lo cual agregó “es una cuestión que nos sorprende porque hace tiempo no sucedía”.
“La nena va a cumplir 13 años en unos meses. Fueron los promotores de salud quienes detectaron el caso, porque está en el protocolo de atención, la detección del embarazo precoz. Cuando pasan cuestiones de esta envergadura, hacemos las averiguaciones correspondientes. No es una situación de abuso, ella tiene una pareja que está en la secundaria y es una relación consentida por la familia”, explicó el funcionario.
Por su parte, desde la Defensoría de los Derechos del Niño que depende de Vicegobernación encendieron la alerta e instaron a la responsabilidad que tienen las instituciones públicas en estos casos.
El abogado Marcelo Sussini destacó que todas las personas gozan de los mismos derechos y obligaciones. “Haciendo un paralelismo, las niñas de las comunidades aborígenes tienen los mismos derechos, estamos en una entidad de igualdad, en un mismo nivel de protección”, dijo en diálogo con este medio.
“Se deberán ver los informes, pero si hablamos de una niña de esta edad en una situación de embarazo, hay que hacer las denuncias y las acciones correspondientes. A partir de allí se determina si se constituyó el delito y todos los organismos que intervengan deben tener la obligación de hacer las presentaciones formales”.
Si bien desde un primer momento se habló de que el embarazo fue producto de una relación consentida, el abogado de la Defensoría remarcó que es necesario analizar la situación. “Que es una relación consentida hay que tomarlo con pinzas, si existe una relación entre dos personas de estas edades, no se puede hablar de un consentimiento. En todos los casos que existen situaciones de abuso en adolescentes, hay que destacar que si tienen menos de 16 años sí o sí se debe hacer la denuncia porque la ley no refiere respecto si hay o no consentimiento por debajo de esa edad ante este tipo de situaciones”.
En relación al papá del bebé por nacer, que tiene 16 años de edad, remarcó que es inimputable y que con ello la situación se vuelve aún más compleja. “Hay que trabajar en base a todos los elementos que hacen a la protección integral, atender las cuestiones de salud entre uno y el otro, no solamente en relación a la madre”.
“Las instituciones públicas debemos avanzar sobre una causa penal pero más que una denuncia sería una especie de puesta en conocimiento al fiscal de instrucción para que haga las averiguaciones y se debe analizar esta situación.
En este caso en particular, depende del criterio de la cultura o cuestiones ancestrales, pero generalmente los padres deben tomar todas las medidas de cuidado”, apuntó, y finalizó: “Los progenitores serían los responsables no sólo de su hija sino también del bebé que está por nacer”.

 

Lo que establece el Código Penal

La edad es un dato clave para los alcances de la ley. Los 12 años de edad se encuadran dentro de lo tipificado por el actual Código Penal como un delito de abuso sexual. La ley protege la vulnerabilidad de los menores de 13 años aún cuando no se haya ejercido violencia física o intimidación sobre el menor. Más precisamente, el artículo 119 también establece que “será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.

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