¿De qué se trata la ley de extinción de dominio?

El Senado debatía esta tarde en un plenario de comisiones los proyectos de ley sobre extinción de dominio para que el Estado recupere los bienes provenientes del delito. Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad se reunían este mediodía en el Salón Arturo Illia para analizar una batería de proyectos sobre el tema, entre los que se destaca el del Bloque Justicialista.

Momentos previos al debate el presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino (Justicialista) afirmó que la intención era firmar dictamen al término de esta reunión para que el proyecto se vote en una de las próximas sesiones. El reconocido especialista en derecho constitucional, Daniel Sabsay, habló al respecto con El Intransigente y sostuvo que la iniciativa “es uno de los elementos más importantes en la lucha contra la corrupción.

“El caso de Brasil se ha apoyado, básicamente, en dos elementos. Por un lado, el caso del arrepentido y por otro lado a extensión de dominio. Esas fueron las herramientas básicas para llegar a castigar la corrupción”, mencionó el letrado a modo de ejemplificación. Consultado sobre los fines prácticos de la ley, Sabsay explicó que la normativa “te da la posibilidad de que en plazos bastante cortos se puede lograr la recuperación de activos”.

“Además, cuando se trata de personas fallecidas o se trata de patrimonios que han quedado abandonados, porque son fruto del narcotráfico o del tráfico de armas, y aquellos que se encuentran acorralados han partido, también está esa posibilidad. Precisamente, acceder a esos bienes antes que esas personas puedan hacerse nuevamente de esos bienes. Es decir, las ventajas son enormes”, consideró.

Cuando se le preguntó sobre qué haría el Estado con los bienes recuperados de la corrupción, el especialista consideró interesante que “se destinaran a fines sociales y no a la caja. Como una suerte de reversión de aquello que fue sacado, precisamente, para el uso público, surja un destino del bien común”. Respecto a la demora del Senado en discutir esta ley, Sabsay indicó que el aplazamiento “viene de la mano de dos bloques de la oposición”.

“Fundamentalmente, del bloque Justicialista, que son los votos necesarios con los que Cambiemos construye mayoría. Ese bloque ha sido renuente, inclusive hasta ahora, porque está presentando un contraproyecto que, realmente, no sirve para nada, porque en realidad encubre la finalidad del mecanismo. Porque los procesos, tanto civil, para recuperación de los buenos, como penal, para la sanción de los responsables, se llevan en paralelo. Es decir, solo se recuperan los bienes si hay sentencia penal. Entonces, para eso no hace falta la ley, es lo que tenemos ahora. Engaña, pichanga. No sé si se entiende”, explicó a El Intransigente.

Al mismo tiempo, consultado sobre los motivos por los que el bloque justicialista está metiendo pequeñas trabas a esta normativa, el letrado especializado consideró que “por algún motivo tiene temor de que determinados bienes terminen a mano del Estado. No hay mucho más para pensar, o para protegerse. Si yo no tengo nada que esconder, ¿por qué no lo voy a votar?”, cuestionó.

En cuanto a la posibilidad de que esto afecte a la senadora Cristina Kirchner o a sus funcionarios por la escandalosa causa de Odebrecht, que se va a suceder acá, en Argentina, el experto dijo creer que “van a aparecer muchos de los principales integrantes del gobierno, de los colaboradores de CFK involucrados en el caso, y es probable que la perjudique a ella. Ya hemos tenido casos muy serios de corrupción”.

“Cristina Kirchner ya está procesada por seis causas sumamente graves. Sin embargo, el núcleo duro que la sigue, de todos modos, la sigue. Son electores que a la corrupción no la ven como algo malo. Creo que la mayoría de los ciudadanos, evidentemente, lo condenan a eso. Los que la siguen, no hay forma de que esto los haga cambiar de opinión, porque evidentemente, la corrupción no es un elemento importante que recaiga en contra de aquel a quien aprecien y quieren votar”, subrayó.

Por último, consultado sobre la grave causa de aportantes truchos de Cambiemos, Sabsay remarcó que “es un sistema que tiene que acabar”. “Me extraña que no se haya hecho antes. Entre otras medidas, la principal es muy simple, es la bancarización de los aportes. Nunca se puso en marcha porque no le convenía a ninguno”, advirtió.

“Estudios que se han hecho demuestran que, de todos los partidos, más del 90% de los fondos son truchos. Es decir, hay una evasión impositiva tremenda y, además, hay una opacidad que favorece a los grupos que delinquen. Por lo tanto, permiten que aquellos que están al margen de la ley puedan apoyar campañas políticas que después les permite una ventaja, no ser juzgados o ser juzgados benévolamente. Esto es, los favores del Estado por, precisamente, haber dado ese dinero para que un candidato gane”, concluyó.

el intransigente

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