Imputado por megaestafa a cargo de la Defensoría del Pueblo

En febrero del 2013, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) radicó una denuncia ante el Juzgado Federal de Posadas por presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal de una organización compuesta por profesionales de la zona Centro que habría facilitado la evasión de 70 millones de pesos al fisco.
Transcurridos seis años, la causa continúa abierta y uno de los imputados, el abogado Hugo Lesiuk, asumió recientemente al frente de la Defensoría del Pueblo de Oberá, a partir de un pedido de licencia de la defensora Patricia Nittmann.
Según la Carta Orgánica Municipal, el reemplazo natural de la titular del organismo era el defensor adjunto Bernabé Aguirre, pero en febrero éste renunció a su cargo y el Concejo Deliberante avaló la designación de Lesiuk.
Ocurre que la normativa prevé que ante la ausencia de la titular y el adjunto, el asesor jurídico (cargo que ostenta Lesiuk desde la asunción de Nittmann) puede asumir el cargo de defensor del Pueblo por el lapso de quince días.
En tal sentido, según aprobó el Deliberativo, el letrado estará al frente de la Defensoría hasta el 5 de abril. Luego volverá a reemplazar a Nittmann del 20 al 28 de mayo.
Ya el año pasado, ante la designación como asesor jurídico de la defensoría, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Chaves, consideró que “si bien la defensora del Pueblo tiene autonomía para designar a su asesor, pienso que lo más prolijo hubiera sido que se resuelva la cuestión judicial”.
“Luego, si es ajeno al hecho que asuma. Pero insisto, primero que se expida la Justicia para que la persona que asuma el cargo no esté mal vista ni haya polémica”, agregó.

En tanto, la última resolución judicial data del 20 abril del año pasado, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas resolvió no hacer lugar a la concesión de los recursos de casación presentados en el marco del expediente asociación ilícita fiscal contra el letrado obereño.

La causa

Sobre la acusación de la Justicia Federal en su contra, el año pasado -en diálogo con El Territorio- Lesiuk se consideró “víctima de esa causa porque me denuncian por ser abogado de una empresa. La causa sigue, los tiempos judiciales son largos, demoran mucho. Pero pienso que en algún momento se va a esclarecer todo, aunque mientras tanto me comí el garrón”.
Según la Justicia Federal, la organización ilícita que se investiga “era liderada por Rubén Eduardo Kuhlmann y estaba integrada por contadores, abogados, escribanos, informáticos y otros profesionales que se dedicaban a facilitar la evasión tributaria de terceras personas”, informaron.
La maniobra se habría realizado a través de una asociación ilícita que creaba empresas fantasmas que simulaban prestar servicios inmobiliarios, financieros, de salud, seguridad y asesoramiento jurídico contable con el fin de evadir impuestos.
También se trabó un embargo por 10 millones de pesos a los integrantes de la asociación ilícita y se dictó el procesamiento sin prisión preventiva de varios de ellos.

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