Piden a Alberto Fernández que declare la emergencia económica

Este miércoles 6 de noviembre el INDEC dio a conocer los índices de la actividad económica, y en el panorama recesivo la construcción se desplomó 8,5% en septiembre respecto al mismo mes del 2018, y acumuló, en lo que va del año, una baja del 8%.

En ese contexto, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) pidió que se declare la emergencia del sector, y propuso una serie de medidas al presidente electo, Alberto Fernández, para que ponga en marcha en sus primeros 200 días de mandato, con el fin de reactivar la actividad.

El consejo, presidido por Julio Crivelli, resaltó que el sector “sufre hoy, amplificados, los efectos de la recesión, la actual y la previsible para los próximos meses”. Además, destacan entre los factores de la crisis los atrasos en los pagos de las obras certificadas, como así también las demoras “no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente”.

La entidad sostiene además que las recientes medidas han agravado la situación financiera de las provincias por el reperfilamiento de títulos de deuda, que “afectó a sus activos financieros, lo que dificulta o imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones de pago de las obras realizadas”.

Por otro lado. congelamiento de combustibles, según detallaron, afectó a las regalías provinciales y “condicionó las inversiones privadas en el sector de petróleo y gas, golpeando la actividad constructora vinculada”.

Por estos motivos es que la Cámara propuso una serie de medidas de carácter “urgente” que debería implementar el presidente electo a partir del 10 de diciembre:

  • Declarar la emergencia del sector en todo el país.
  • Calcular y consolidar la deuda devengada en los contratos vigentes, emitiendo documentos de pago negociables o compensables.
  • Abordar un nuevo y urgente plan de viviendas sociales a través de convenios con los IPV no menor a 40.000 unidades en todo el país que motorice la economía de manera federal atacando de manera directa la pobreza y la falta de empleo.
  • Reformular, mediante un esquema de adhesión optativa, los contratos vigentes, adecuándolos a las actuales circunstancias, disponiendo la neutralización de plazos sin sanciones hasta el nuevo acuerdo, el que debería incluir un régimen automático de Variaciones de Costos.
  • Establecer un régimen de excepción para empresas PyMEs evitando sanciones y dando créditos, al tiempo de equiparar los montos que definen las categorías PyME a los usados para las PyMEs industriales.
  • Suspender ejecuciones y embargos por AFIP, y permitir la compensación de deuda impositiva con créditos del Estado Nacional, implementando un sistema equilibrado, que considere la fecha de mora en la obligación y la fecha en que el Estado debió cancelar la deuda.

Según los Indicadores de Coyuntura de la Actividad de la Construcción (ISAC), en la medición desestacionalizada la industria registró también una disminución del 4,6% en septiembre respecto de agosto anterior. La encuesta cualitativa detalla que el 77,9% de las compañías que se dedican a obras públicas y el 58,7% de las empresas que se desempeñan en el sector privado estimaron que el nivel de actividad seguirá con tendencia negativa en el último trimestre del año.

El 22,1% de las empresas dedicadas a la obra pública opinó que el nivel de la actividad no cambiará y ningún encuestado expresó que el sector mejorará en los próximos tres meses. Las firmas que estimaron una baja del nivel de actividad la atribuyeron a la caída de la actividad económica, la inestabilidad de los precios, los atrasos en la cadena de pagos y a los altos costos de la construcción, entre otras causas.

msn