La justicia federal define si prescribe uno de los mayores escándalos de corrupción

La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver en los próximos días si prescribe o no uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia reciente, que investiga los sobreprecios por más de 120 millones de dólares en un contrato entre IBM y la DGI (actual AFIP).

Presiones subterráneas y cambios bruscos en las posiciones de algunos jueces provocaron que a más de dos décadas del escándalo todavía no se haya avanzado en el proceso ni se haya elevado a juicio a los acusados. Todo pende de un hilo o, mejor dicho, de la voluntad de unos pocos.

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Hace dos años, los camaristas Gustavo Hornos y Juan Carlos Geminianirechazaron un pedido de los acusados de hacer prescribir la causa por extinción de la acción penal. En cambio, el tercer integrante de la Sala, Mariano Borinsky, que en otras oportunidades se había pronunciado en el mismo sentido, cambió de parecer y consideró que la investigación se debía archivar por el paso del tiempo.

La DGI firmó, a principios de los ’90, un contrato por 500 millones de dólares para crear el sistema informático que facilitaría la recaudación. Se pagaron 120 millones de dólares en sobreprecios. 

La discusión llegó a la Corte Suprema en junio de este año. Los ministros del tribunal devolvieron a la Casación el expediente y pidieron que se dicte un nuevo fallo dado que en el que se produjo hace dos años Geminiani y Hornos no habían coincidido en los argumentos.

La Corte se amparó en que la doctrina indica que tiene que haber una mayoría que respalde los argumentos de fondo. Y en teoría, Hornos y Geminiani, si bien los dos votaron en contra de la prescripción de la causa, no lo hicieron por los mismos motivos.

El expediente está en la Casación. El miércoles pasado, por mayoría, la Sala IV, la misma que había intervenido en su oportunidad, rechazó primero las recusaciones en contra de Hornos y Geminiani. Y ahora se dispone a fallar sobre el aspecto de fondo: ¿Debe o no debe cerrarse la investigación por extinción de la acción penal?.

El asunto generó fuertes discusiones adentro de la Cámara. Hubo opiniones a favor de aceptar las recusaciones y dar todo por terminado. Pero la maniobra no prosperó. Lo más probable es que en una semana, se reabra el caso por este escándalo de corrupción, algo que debió haber pasado hace mucho tiempo. O mejor dicho, nunca debió haberse intentado el cierre de la investigación.

El Tribunal Oral 3 intentó dejar firme la prescripción, alegando el paso del tiempo, es decir, la extinción de la acción penal. Pero hasta ahora, no lo consiguió..

El caso

La Dirección General Impositiva, a principios de la década del ‘90, contrató a la empresa IBM para la realización de los sistemas informáticos para la recaudación y para las jubilaciones y pensiones.

Ricardo Cossio era el jefe del organismo. Por el contrato, el Estado le pagó a IBM 500 millones de dólares, pero una pericia de la Facultad de Ingeniería determinó que se pagó un sobreprecio de 120 millones de dólares. Cossio es uno de los acusados que intenta que la causa quede en el olvido.

El escándalo salió a la luz como consecuencia de otro muy similar: el contrato entre IBM y el Banco Nación para informatizar todas las sucursales de la entidad. En esa causa, que sí llegó a juicio, los acusados se declararon culpables y llegaron a un acuerdo por penas mínimas y embargos millonarios.

El Intransigente

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