La ONU pide investigar “las graves violaciones de los derechos humanos” en Venezuela

CARACAS.- Las fuerzas de seguridad venezolanas matan gente sin justificación y aparentemente sin sufrir las consecuencias a medida que se desvanece el Estado de Derecho, sostuvo un duro informe de Naciones Unidas publicado hoy.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) dijo que los agentes de seguridad implicados en unas 500 muertes en Venezuela cuestionables aparentemente no han sido acusados. Es una señal de erosión de los controles y equilibrios, lo que exime a las autoridades estatales de rendir cuentas, señaló el alto comisionado Zeid Ra’ad al-Hussein.

El informe destaca el caso, meses atrás, del agente de policía rebelde Oscar Pérez y seis miembros de su grupo que fueron abatidos cuando intentaban rendirse. Los funcionarios de la ONU creen que el grupo fue ejecutado por orden de altas autoridades del gobierno en violación de sus derechos fundamentales.

“El Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, dijo Al-Hussein. “La impunidad debe terminar”.

El gobierno venezolano no emitió de inmediato declaraciones sobre el informe, difundido antes del amanecer en Venezuela.

El país está sumido en una crisis política y económica creciente marcada por la escasez de alimentos y medicamentos y una inflación galopante que ha llevado a miles de personas a salir del país. El gobierno ha sido objeto de condenas internacionales desde el año pasado, cuando funcionarios leales al presidente Nicolás Maduro formaron una Asamblea Constituyente que despojó de sus poderes al Congreso elegido democráticamente y controlado por la oposición.

El informe de la ONU estudia casos de aplicación excesiva de la fuerza por parte del gobierno y también menciona ejemplos de oficiales que amenazan o detienen a trabajadores de la salud por denunciar la falta de medicamentos y las malas condiciones.

Según el informe, entre 2015 y 2017 unos 357 agentes fueron investigados por la muerte de 505 personas en supuestas operaciones de allanamiento en los barrios. Pero la fiscal general de ese momento, Luisa Ortega, que era crítica de Maduro, fue reemplaza en agosto y no se ha publicado más información sobre las investigaciones en relación con esos homicidios, dice el informe, y añade que aparentemente han desaparecido las pruebas de los archivos.

“El Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos”, dijo Al-Hussein, y sugirió que la Corte Penal Internacional podría tener una mayor implicación.

Las autoridades venezolanas, que denuncian frecuentemente la intromisión extranjera en sus asuntos, no permitieron el ingreso de los funcionarios de la ONU, que obtuvieron su información en entrevistas con víctimas, testigos, abogados y médicos.

El informe echa luz sobre la muerte de Pérez en enero pasado, cuando las fuerzas del gobierno persiguieron a su grupo hasta una guarida en las montañas en las afueras de Caracas. Era el prófugo más buscado desde que atacó edificios del gobierno con un helicóptero policial robado.

Según el informe, 400 agentes armados con fusiles de asalto y un lanzagranadas antitanque rodearon a Pérez, que apareció en un video ofreciendo la rendición. La policía halló en el lugar cuatro fusiles, una pistola y dos granadas de mano, señala el informe de la ONU.

Funcionarios de la ONU dijeron que su investigación les permite pensar que agentes dependientes directamente de Maduro ejecutaron a los siete rebeldes y luego destruyeron las pruebas.

Agencias AP y AFP

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