La semana que viene se conocerá el veredicto del juicio a Amado Boudou

El juicio contra el exministro Amado Boudou por irregularidades en la compra de la ex Ciccone Calcográfica llega a su fin. El 12 de julio se conocerá el veredicto y los acusados, entre los que se encuentra José María Núñez Carmona, podrán decir sus últimas palabras antes de la lectura de la sentencia.

En la jornada de ayer, martes, expusieron sus alegatos las defensas de Vandenbroele y de Guido Forcieri, que pidieron las absoluciones: en el proceso también son juzgados Nicolás Ciccone y Rafael Resnick Brenner.

La Unidad de Información Fiscal (UIF) pidió la pena de seis años de cárcel para el exvicepresidente K y que sea detenido de inmediato si es condenado, mientras que la Oficina Anticorrupción (OA) reclamó 5 años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fiscal Marcelo Colombo explicó: “Se demostró que Boudou participó en el cohecho, y que se utilizó para ello la pantalla de The Old Fund, una maniobra que siguió en otros organismos públicos”.

Para Colombo, el exministro de Economía estuvo “detrás” de la sociedad The Old Fund, que compró el paquete accionario de la empresa y que estaba liderada por el abogado Alejandro Vandenbroele. El fiscal mencionó una serie de reuniones, entre ellas la del 29 de julio de 2010 en Telefé, donde Boudou fue como invitado de un programa y fuera de cámara estaban Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick.

“Hubo un acuerdo ilegal que tiene su historia. Fue la cesión del 70% de las acciones con la promesa de hacer lo humanamente posible para levantar esa quiebra que pesaba sobre el grupo Ciccone, y acto también medular conseguir contratos para que pudiese seguir funcionando. Ese es el arreglo que se hace con el funcionario público”, dijo el fiscal en su alegato.

Por su parte, la OA pidió una pena de cinco años y seis meses de prisión para el exfuncionario tras exponer los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 4.

Para el organismo, quedó demostrado que Boudou, como ministro de Economía, “actuó disciplinando a un montón de reparticiones públicas para un negocio privado”. También advirtió, a través de sus abogados Matías Rey y Natalia Pereyra, que los testigos contra el exvicepresidente fueron amenazados o denunciados por falso testimonio y hasta incluso despedidos del Estado cuando comenzó la investigación en 2012.

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